59 policías municipales de Cintalapa, Chiapas, fueron detenidos por sus vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación

Cintalapa, Chiapas, amaneció de forma distinta el día que la policía municipal dejó de ser aliada de la gente para convertirse en el enemigo de la misma comunidad que juraron proteger.

A las 4:16 de la mañana, la ciudad ya no respiraba en calma; el aire se llenaba de tensión y el rugir de las sirenas, mientras las luces azules iluminaban las paredes de la comandancia municipal.

En ese momento, 59 policías fueron detenidos, rodeados por su propio país, acusados de colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La operación, que tomó más de un mes de vigilancia y trabajo de inteligencia, destapó lo que parecía ser una estructura completamente infiltrada en las fuerzas de seguridad de la localidad.

Los patrullajes, que en su mayoría parecían rutinarios, resultaron ser rutas usadas para el tráfico ilegal de armas y migrantes, y las patrullas, con las placas borradas y radios cifrados, formaban parte del engranaje de una red criminal que operaba desde el corazón mismo de Cintalapa.

“Nosotros no estábamos protegiendo a la gente, estábamos protegiendo un sistema de corrupción”, dijo uno de los detenidos mientras era esposado y conducido por los agentes federales.

El nombre de Ulber N., director de la policía municipal, comenzó a sonar en las pesquisas, y aunque inicialmente sus respuestas parecían tranquilizadoras, la situación pronto se tornó insostenible.

Durante meses, las patrullas de la zona cruzaban caminos rurales sin reportes oficiales, y las desapariciones de migrantes y residentes locales coincidían con la ruta de las unidades policiales.

Cuando los periodistas comenzaron a preguntar, las respuestas fueron siempre las mismas: “Rondas preventivas, no hay nada que investigar”.

Sin embargo, los documentos y registros encontrados en las patrullas detenidas decían lo contrario.

Las bitácoras de patrullaje estaban adulteradas, y las armas oficiales no tenían trazabilidad clara.

Los investigadores descubrieron que el patrón de desapariciones era demasiado consistente para ser ignorado.

Además, una llamada de teléfono interceptada y un ticket de combustible encontraron relación directa con Ulber N.

, el hombre que hasta ese momento había mantenido las riendas de la policía municipal.

La magnitud de la operación contra los policías traidores dejó en shock a toda la comunidad.

Mientras los oficiales fueron desarmados y puestos bajo custodia, el mensaje enviado por las autoridades fue claro: no se iba a permitir que el crimen se disfrazara de autoridad.

Omar García Harfuch, encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, supervisó la operación y, con la firmeza que caracteriza su mandato, aseguró que no se cedería ni un metro más a la impunidad.

La caída de estos 59 policías no fue solo un golpe al Cartel Jalisco, sino una advertencia a todos aquellos que creyeran que el uniforme y la placa podían servir de escudo para el crimen.

“El crimen organizado ha penetrado las estructuras más profundas del poder”, expresó un oficial de alto rango mientras las patrullas rodeaban la comandancia.

A pesar de la brutalidad del operativo, lo que realmente dejó huella en la población fue el miedo que ahora se respiraba en las calles.

Durante meses, el uniforme de la policía había sido el rostro del miedo.

Los comerciantes, los niños, los padres de familia, todos tenían que temerle a quienes deberían velar por su seguridad.

“Si te levanta la patrulla, mejor que alguien te vea”, fue la frase que un comerciante murmuró cuando las patrullas pasaban por su tienda.

La sensación de traición caló hondo, y el miedo se había vuelto parte del aire.

Cintalapa, hoy más que nunca, se enfrenta a una realidad incómoda: la corrupción no siempre entra desde fuera, a veces está profundamente arraigada en quienes juraron proteger el orden.

La operación que destapó esta red criminal será recordada como el momento en que el pueblo entendió que, cuando las autoridades traicionan, no solo se pierde la confianza, sino que se siembra una herida que tarda años en sanar.

Sin embargo, el mensaje es claro: cuando el uniforme es usado como herramienta del crimen, la respuesta del Estado debe ser contundente, sin titubeos.