Begoña Gómez no se presentó a la citación judicial del juez Juan Carlos Peinado mientras permanecía en Doñana

Madrid – La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha vuelto a desairar al sistema judicial español al no presentarse este miércoles a una citación formal emitida por el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, justamente cuando se encontraba disfrutando de unos días de Semana Santa en el Palacio de Doñana junto al presidente Pedro Sánchez.

La ausencia de Gómez se ha convertido en el nuevo foco de polémica política y mediática en España, generando un debate profundo sobre la igualdad ante la ley.

Los hechos tuvieron lugar cuando el juez Peinado había citado a la investigada para comunicarle, de manera personal, su intención de que el proceso que se sigue en su contra – acumulado tras unificación de distintas piezas – sea enjuiciado mediante un tribunal de jurado popular si llega a juicio oral.

Sin embargo, ni Gómez, ni su asesora Cristina Álvarez, ni el empresario implicado Juan Carlos Barrabés se personaron en la sede judicial; únicamente lo hicieron sus abogados, en un gesto que ha alimentado la indignación pública.

La causa judicial en su contra se remonta a una investigación abierta desde 2024 que acumula hasta cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El magistrado Peinado sostiene que hay indicios para sostener estas imputaciones y que la condición de esposa del presidente habría sido aprovechada para potenciar la proyección profesional de Gómez, en concreto en relación con la creación y gestión de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

A las puertas de los juzgados, el abogado de la asociación que ejerce la acusación popular, Javier Pérez Roldán, fue categórico sobre la ausencia de la investigada y expresó:

«Está pasando de la Justicia, pero la Justicia no pasará de ella».

Con el calendario judicial en marcha, Peinado había insistido en que la presencia de Gómez era más que un mero trámite: se trataba de notificar el cambio procesal que podría llevar el caso a ser juzgado por un jurado popular, algo que la Audiencia Provincial de Madrid había anulado previamente por falta de motivación, aunque ahora ha vuelto a ser decretado tras un auto más detallado del magistrado.

La decisión de Gómez de permanecer en Doñana – un enclave emblemático del Parque Nacional situado a cientos de kilómetros de Madrid – en lugar de acudir a la justicia ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la equidad del sistema.

Algunos sectores políticos y mediáticos han enfatizado que ningún ciudadano común puede ignorar una citación judicial sin enfrentar consecuencias.

Exactamente en este contexto, el hecho de que Gómez esté utilizando recursos oficiales para el desplazamiento – incluidas aeronaves del Estado – ha intensificado aún más la controversia en torno a la percepción de privilegios.

En el ámbito procesal, la defensa de Gómez también ha impulsado recursos ante el propio juez Peinado.

Su equipo argumenta que la instrucción carece de fundamentos sólidos y se basa en «meras conjeturas», lo que llevó a recurrir la decisión de llevar el caso ante un jurado popular, alegando que no existen indicios suficientes que justifiquen tal medida.

Por su parte, la Fiscalía y las defensas de los investigados han solicitado nuevamente al magistrado que archive la causa, sosteniendo que no se han acreditado los hechos que se atribuyen a Gómez y a los demás imputados.

En contraste, la acusación popular ha reclamado que se practiquen nuevas diligencias y que el proceso continúe su curso con normalidad.

Este episodio ha generado reacciones en el espectro político y jurídico.

Vox, partido que ejerce la acusación popular, ha denunciado «ataques furibundos» al juez por parte de los defensores de la esposa del presidente durante la jornada de audiencia en los juzgados.

Mientras tanto, en el debate público se han alzado voces que defienden la presunción de inocencia y la posibilidad de que, ante la complejidad del caso y la falta de una instrucción terminada, la asistencia de Gómez no sea obligatoria en este tipo de actos procesales cuando su abogado puede representarla.

Sin embargo, otros sectores han insistido en que la ausencia reiterada podría enviar un mensaje peligroso sobre la igualdad ante la ley.

En los próximos meses se espera que la causa avance y, de confirmarse la dirección hacia un juicio con jurado popular, el caso de Begoña Gómez podría convertirse en uno de los procedimientos judiciales más seguidos y discutidos de España en los últimos tiempos.

La tensión entre responsabilidad judicial, ejercicio de derechos y percepción de privilegios continúa alimentando el debate, mientras la sociedad española observa atentamente cada nuevo capítulo de esta polémica judicial.