Una mujer embarazada de ocho meses fue atacada a tiros en su vivienda en La Guajira, en un hecho que evidencia un contexto de violencia extrema y vulnerabilidad

La violencia estremeció al municipio de Uribia cuando Caterine Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años con ocho meses de embarazo, fue atacada a tiros en el patio de su vivienda.

Siete disparos, ejecutados sin mediar palabra, marcaron el inicio de un caso que hoy trasciende el ámbito criminal para adentrarse en un posible entramado de motivaciones personales, poder político y exposición digital.

Eran aproximadamente las siete de la noche cuando la tranquilidad cotidiana se quebró.

Caterine se encontraba sentada junto a su madre, conversando, cuando una motocicleta se acercó a la vivienda.

“No dijo nada, solo disparó”, relató un testigo cercano a la familia.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el agresor abrió fuego de manera directa, sin intención de robo ni advertencia previa.

Su objetivo era claro.

Gravemente herida, con impactos en la espalda, el abdomen y la cabeza, Caterine fue trasladada de urgencia a un centro médico.

Su estado era crítico.

Sin embargo, en medio de la emergencia, los médicos tomaron una decisión extrema: practicar una cesárea de emergencia para salvar al bebé.

El recién nacido, prematuro y en condición delicada, permanece bajo cuidados intensivos.

“Fue una carrera contra el tiempo, había dos vidas en juego”, habría señalado uno de los especialistas involucrados en el procedimiento.

Mientras la atención se centraba en la recuperación de madre e hijo, un nuevo elemento alteró el rumbo de la investigación.

Días después del atentado, comenzó a circular en redes sociales un video íntimo de la víctima, acompañado de mensajes ofensivos, humillantes y amenazantes.

Lo que causó mayor conmoción fue el origen de la publicación: una cuenta atribuida al alcalde de Manaure, John Pimienta.

El contenido permaneció visible durante varias horas, tiempo suficiente para su descarga y difusión masiva.

Las palabras que acompañaban el video reflejaban rabia y desprecio.

“Mensajes cargados de odio”, describieron usuarios que alcanzaron a ver la publicación antes de que fuera eliminada.

Ante la controversia, el mandatario negó cualquier responsabilidad.

“Mis redes sociales fueron hackeadas, yo no publiqué ese contenido”, afirmó, insistiendo en que se trató de un acceso no autorizado.

Desde la alcaldía se emitió un comunicado respaldando su versión, reiterando que el hecho corresponde a una vulneración de seguridad digital.

Sin embargo, las dudas persisten debido al tiempo que el contenido permaneció en línea y al impacto que generó.

Las autoridades ampliaron el enfoque investigativo.

Ya no se trata únicamente de identificar al autor material del ataque, sino de establecer quién pudo haberlo ordenado y si existe relación entre el atentado y la difusión del video.

Según fuentes judiciales, una mujer figura como principal sospechosa de haber instigado el crimen.

La hipótesis apunta a un posible conflicto de índole personal, marcado por celos, infidelidad y venganza.

“Estamos analizando todos los elementos para determinar si hay conexión entre los hechos”, indicó un investigador vinculado al caso.

La línea de un presunto crimen pasional ha cobrado fuerza, aunque no se descarta la participación de terceros con influencia o poder.

El entorno familiar de la víctima ha optado por el silencio público.

Su prioridad es la recuperación de Caterine, quien continúa en una unidad de cuidados intensivos tras múltiples intervenciones quirúrgicas.

El bebé, por su parte, permanece en incubadora, evolucionando bajo estricta supervisión médica.

No obstante, de manera extraoficial, se conoció que la familia evalúa interponer acciones legales relacionadas con la difusión del video íntimo.

El daño, más allá del atentado físico, también se extiende al ámbito de la dignidad y la privacidad de la víctima.

El caso ha generado indignación en la región y ha puesto bajo escrutinio la posible relación entre violencia de género, uso indebido de plataformas digitales y figuras públicas.

Mientras avanzan las investigaciones, la pregunta central sigue sin respuesta definitiva: quién ordenó el ataque y qué intereses se esconden detrás de un crimen que ha sacudido a toda La Guajira.

Por ahora, dos vidas continúan luchando por sobrevivir, en medio de un proceso judicial que promete revelar verdades incómodas y responsabilidades que podrían alcanzar esferas de poder.