La Asociación Judicial Francisco de Vitoria emitió un comunicado en el que critica las declaraciones de Félix Bolaños sobre el juez Juan Carlos Peinado en el contexto del caso que afecta a Begoña Gómez

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha emitido un comunicado de fuerte contenido institucional en el que expresa su “profunda preocupación” por las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación con el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que afecta a Begoña Gómez tras su procesamiento por varios presuntos delitos.

El pronunciamiento del colectivo judicial ha reabierto el debate sobre los límites del discurso político cuando se refiere a procedimientos en curso y a la actuación de los jueces en España.

El comunicado, difundido tras unas palabras del ministro en un acto público relacionado con la convocatoria de becas para el acceso a la carrera judicial y fiscal, subraya la necesidad de preservar la independencia del poder judicial como pilar fundamental del Estado de derecho.

“Preservar la confianza en la justicia es una obligación democrática de primer orden”, recoge el texto, en el que la asociación advierte de que cuestionar sin fundamento la labor de los jueces puede erosionar la credibilidad institucional y aumentar la polarización social.

En su intervención, Bolaños había defendido la necesidad de respetar los procedimientos judiciales, aunque también realizó comentarios críticos sobre la actuación del magistrado instructor.

Estas declaraciones fueron interpretadas por la asociación como un posible exceso en el ejercicio de sus funciones institucionales.

“Este tipo de manifestaciones suponen un ataque directo a la independencia judicial y a la separación de poderes”, señala el comunicado, en el que se insiste en que la responsabilidad de los miembros del Gobierno debe incluir el respeto escrupuloso a la actuación de los órganos judiciales.

El documento también expresa malestar por el hecho de que estas declaraciones se produjeran en un acto destinado a la presentación de ayudas para opositores a la carrera judicial.

“Manifestamos nuestra decepción porque se utilice un acto como la convocatoria de becas para realizar este tipo de declaraciones, restando valor a la importancia de estas ayudas”, recoge el texto, en referencia a las becas destinadas a facilitar el acceso a la judicatura y la fiscalía.

En paralelo, el comunicado de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria alerta sobre lo que considera un deterioro del clima institucional entre poderes del Estado.

“Este tipo de declaraciones solo incrementan la desconfianza y agravan la división”, advierte la organización, que pide a todos los poderes públicos “responsabilidad institucional” para garantizar el respeto a la Constitución y a los principios básicos de la separación de poderes.

El caso ha adquirido especial relevancia por el contexto judicial en el que se producen estas declaraciones, ya que la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado ha generado un intenso debate político y mediático en los últimos meses.

Aunque el procedimiento judicial sigue su curso, las reacciones políticas han contribuido a elevar la tensión entre el Gobierno y distintos sectores del ámbito judicial.

Fuentes jurídicas consultadas en el entorno del debate señalan que este tipo de comunicados no son habituales en términos de intensidad, lo que refleja la preocupación existente en parte de la judicatura por el impacto del discurso político en la percepción pública de la justicia.

La asociación firmante es una de las más representativas dentro del ámbito judicial español y suele pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con la independencia de los jueces y el funcionamiento del sistema judicial.

El comunicado también anticipa la posibilidad de nuevas adhesiones por parte de otras asociaciones judiciales, lo que podría ampliar el alcance del posicionamiento crítico hacia las declaraciones del ministro.

Este escenario abre la puerta a una escalada institucional en la que el debate sobre la separación de poderes vuelve a situarse en el centro de la actualidad política española.

En este contexto, el texto concluye con una advertencia clara sobre las consecuencias de erosionar la confianza en la justicia.

“Preservar la confianza en la justicia es una obligación democrática de primer orden”, reiteran los firmantes, insistiendo en que el respeto a la independencia judicial constituye un elemento esencial para el correcto funcionamiento del Estado de derecho.

La polémica continúa abierta mientras el debate político y judicial se intensifica, en un momento especialmente sensible para las relaciones entre instituciones en España.