Bildu exige ampliar la desclasificación de documentos sobre episodios del pasado en el País Vasco y reclama transparencia para las víctimas

La sesión de control al Gobierno en el Congreso volvió a evidenciar la profunda fractura política en torno a la memoria, la desclasificación de documentos y el legado del terrorismo de ETA.

La intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, reclamando la apertura de archivos relacionados con diversos episodios ocurridos en el País Vasco, provocó una contundente reacción posterior del líder de Vox, Santiago Abascal, quien arremetió duramente contra la formación abertzale y contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Aizpurua valoró positivamente la reciente desclasificación de documentos vinculados al 23F, pero aseguró que “no basta” y exigió que se haga lo mismo con otros episodios que, a su juicio, permanecen “bajo secreto e impunidad”.

Desde la tribuna, reclamó transparencia sobre casos como los sucesos del 3 de marzo en Vitoria, los Sanfermines de 1978, la muerte de Mikel Zabalza o la desaparición de José Miguel Echeverría “Naparra”.

“La memoria no puede estar bajo llave”, afirmó, dirigiéndose al presidente del Gobierno.

“Las familias y la sociedad vasca tenemos derecho a conocer la verdad.

No nos la niegue, desclasifique la impunidad”.

Pedro Sánchez defendió la decisión del Ejecutivo respecto al 23F y subrayó que “la transparencia es sinónimo de avance y de consolidación de la cultura democrática”.

Recordó además que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley de información clasificada destinado a sustituir la legislación preconstitucional vigente.

“Situaría a España al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia”, sostuvo, pidiendo el respaldo parlamentario para su tramitación definitiva.

Sin embargo, la respuesta más dura llegó fuera del hemiciclo.

En una comparecencia ante los medios, Santiago Abascal fue preguntado por la petición de Bildu y respondió sin matices.

“Se sienten en una posición de poder”, afirmó.

“Bildu y por lo tanto ETA quita y pone presidentes del Gobierno en España. Lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo”.

El dirigente de Vox añadió que no le sorprenden las demandas de la formación abertzale y cuestionó su legitimidad política al recordar el pasado de algunos de sus miembros.

Abascal insistió en que su prioridad es que se esclarezcan los crímenes de ETA aún sin resolver y que sus responsables cumplan íntegramente las penas.

“Yo lo que deseo no solo es que los crímenes que se han cometido en España contra casi un millar de españoles se resuelvan aquellos que no están resueltos, sino que aquellos que los han cometido paguen de verdad porque no están pagando”, declaró.

En su opinión, la situación actual “demuestra la traición del sistema político español a las víctimas del terrorismo”.

Durante su intervención, el líder de Vox también amplió sus críticas al conjunto del Ejecutivo.

Aseguró que el Gobierno “solo tiene ya tres objetivos: perpetuarse en el poder a cualquier precio, eludir el mazo de la justicia y tapar los crímenes de ayer con los crímenes de hoy”.

Además, vinculó la desclasificación del 23F con una supuesta estrategia para desviar la atención de otras polémicas actuales.

En el mismo acto, Abascal fue interrogado sobre posibles pactos con el Partido Popular tras procesos electorales autonómicos recientes.

Rechazó negociar públicamente y defendió que cualquier acuerdo debe basarse en medidas concretas y garantías de cumplimiento.

“Es el Partido Popular el que necesita nuestros votos”, señaló, insistiendo en que Vox no aceptará marcos que considere “ofensivos” o que limiten su capacidad de negociación.

El cruce político se produce en un contexto de alta sensibilidad en torno a la memoria histórica y al relato sobre el terrorismo.

Mientras Bildu reclama ampliar los procesos de desclasificación para arrojar luz sobre actuaciones del Estado en décadas pasadas, Vox sitúa el foco en los crímenes de ETA pendientes de esclarecer y en lo que considera concesiones políticas inaceptables.

La confrontación verbal refleja dos visiones antagónicas sobre cómo gestionar el pasado reciente.

Aizpurua apeló a la necesidad de verdad y reconocimiento para la sociedad vasca; Sánchez defendió un marco legal moderno para regular la información clasificada; y Abascal respondió con una acusación directa: “No me sorprende ninguna de sus peticiones delirantes”.

La batalla política en torno a la memoria y la legitimidad democrática vuelve así al centro del debate parlamentario.