El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de actuar como una inspectora al servicio del Ejecutivo para censurar sistemáticamente a la oposición parlamentaria

 

MADRID Actualizado: Junio de 2026

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una dura ofensiva contra la gestión institucional de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a la que acusó formalmente de instrumentalizar su cargo para actuar como una «inspectora jefe» al servicio exclusivo del poder ejecutivo.

Durante su intervención en las segundas jornadas en defensa de la libertad de expresión, el líder político afeó la «arbitrariedad y censura» que, a su juicio, impera en la Cámara Baja bajo la actual dirección.

El detonante de la última fricción parlamentaria gira en torno al uso de la ironía y los calificativos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según relató Abascal, la presidencia del Congreso ha mostrado un celo desmedido al censurar expresiones satíricas que no constituyen un insulto tipificado, vulnerando el derecho a la libre expresión de los parlamentarios de la oposición.

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Abascal detalló el episodio en el que fue llamado al orden de forma reiterada tras dirigirse al jefe del Ejecutivo con un apelativo irónico que, según el líder de Vox, desata el nerviosismo en la bancada socialista.

«A mí me han llamado al orden en la tribuna del Congreso por llamarle ‘majestad’ al presidente del Gobierno. Se lo llamé siete u ocho veces seguidas y, cuando él empezó a retorcerse en el escaño y a suplicar con gestos, Armengol acudió rauda y veloz a prohibir, no ya un insulto, sino la ironía», criticó el parlamentario.

Para el líder de la tercera fuerza política de España, este veto a términos como «majestad» o «autócrata» contrasta con la permisividad de la Mesa del Congreso ante las descalificaciones emitidas desde las filas gubernamentales.

Abascal lamentó la existencia de una «doble vara de medir» que elimina del diario de sesiones los reproches de la oposición mientras mantiene intactas las réplicas del Ejecutivo.

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Más allá de las dinámicas de la Cámara, Abascal enmarcó estas maniobras en una estrategia global destinada a imponer lo que denominó «la ley del silencio».

El dirigente vasco equiparó los intentos de control mediático y político con las prácticas de las estructuras mafiosas, advirtiendo de que el Gobierno busca amordazar debates clave para los ciudadanos como la política migratoria, la seguridad ciudadana o la independencia del poder judicial.

En este sentido, hizo especial hincapié en las tensiones vividas en los accesos al propio Palacio de las Cortes, donde se vetó la entrada a profesionales de medios digitales y colaboradores invitados a las jornadas, un hecho que calificó de «persecución ideológica».

Finalmente, el presidente de Vox quiso frenar cualquier atisbo de complacencia entre las filas conservadoras ante el aparente desgaste del bloque de la investidura.

Pese a definir al Ejecutivo como un proyecto «derrotado moralmente», Abascal advirtió a sus militantes y electores de que el Gobierno utilizará «todos los resortes del Estado, legítimos o no» para perpetuarse en el poder, instando a mantener una movilización constante en las instituciones y en las calles.

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