En los últimos días, la figura del senador y candidato presidencial Iván Cepeda ha sido objeto de una intensa campaña de desprestigio por parte de sectores de la derecha colombiana, encabezados por Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de las Priella y el partido Centro Democrático.

Esta campaña ha resurgido con acusaciones relacionadas con supuestos vínculos de Cepeda con la guerrilla de las FARC, específicamente retomando el polémico caso de los computadores de Raúl Reyes.

Sin embargo, estas acusaciones han sido desmentidas contundentemente con documentos oficiales y decisiones judiciales, evidenciando que se trata de una estrategia desesperada para frenar el avance del progresismo y el Pacto Histórico en Colombia.

La derecha colombiana enfrenta una crisis de popularidad y legitimidad.

Según el análisis presentado por Nicolás Isasa, abogado y defensor de derechos humanos, la derecha ya no tiene el respaldo que solía tener en el pasado.

Sus actos públicos son recibidos con abucheos, gritos y consignas que recuerdan sus vínculos históricos con grupos económicos poderosos y, en algunos casos, con la criminalidad.

Los medios tradicionales como RCN, Caracol y Blu Radio, que históricamente han estado aliados con estos sectores, continúan difundiendo información sesgada y amarillista para tratar de manipular la opinión pública.

Este escenario se agrava porque, a pesar de la campaña sucia, el apoyo a líderes progresistas como Gustavo Petro e Iván Cepeda continúa creciendo.

Por ejemplo, una encuesta reciente de la CELAC muestra que Iván Cepeda cuenta con un respaldo del 48% de los ciudadanos, apenas un 2% menos para ganar la presidencia en primera vuelta.

Esto representa un desafío importante para la derecha, que recurre a la mentira y a la judicialización como mecanismos para detener este avance.

Iván Cepeda ha denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plan sistemático de persecución política en su contra, impulsado desde Estados Unidos por emisarios vinculados a Álvaro Uribe.

Este plan busca judicializarlo y deslegitimarlo para impedir su participación en las elecciones, especialmente en la consulta del 8 de marzo, considerada clave para fortalecer al Pacto Histórico en el Congreso.

Cepeda ha hecho un llamado a la movilización popular y a la vigilancia ciudadana para defender la democracia y la soberanía nacional frente a estas maniobras.

Además, ha destacado que esta persecución no solo afecta a él, sino también al presidente Gustavo Petro y a otros miembros del movimiento progresista.

Uno de los ejes centrales de la campaña de desprestigio contra Iván Cepeda es la supuesta aparición de su nombre en los computadores incautados a Raúl Reyes, exlíder de las FARC, donde se le acusa de coordinar movilizaciones con la guerrilla.

Esta acusación fue promovida reiteradamente por Álvaro Uribe y sus aliados, pero ha sido desmentida por la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

La Sala de Casación Penal de la Corte, en un acta fechada el 18 de mayo de 2011, aclaró que los llamados “correos electrónicos” de Raúl Reyes no son tales, sino archivos estáticos en formato Word sin cadena de custodia ni prueba de autenticidad.

Esto significa que no se puede garantizar que esos documentos sean pruebas válidas, ya que no se extrajeron de una red de transmisión oficial ni fueron debidamente registrados o custodiados según los protocolos legales colombianos.

Esta ruptura en la cadena de custodia invalida cualquier uso de esos documentos como evidencia judicial y, por ende, desvirtúa las acusaciones contra Cepeda.

A pesar de ello, la derecha insiste en revivir este tema para confundir a la opinión pública y atacar al progresismo.

Contrario a la narrativa de la derecha, el gobierno progresista liderado por Gustavo Petro y apoyado por el Pacto Histórico ha logrado avances significativos en Colombia.

En apenas cuatro años en el poder, el movimiento ha sacado a 1.

6 millones de personas de la pobreza, ha reducido el desempleo a niveles históricos bajos y ha entregado más de 700,000 hectáreas a campesinos e indígenas, restituyendo derechos territoriales que habían sido usurpados.

Además, se ha logrado controlar la inflación y estabilizar la economía, desmintiendo las predicciones apocalípticas que anunciaban una crisis similar a la de Venezuela.

Estas acciones han fortalecido la popularidad de Petro y Cepeda, quienes representan un proyecto político humanista y de justicia social para la mayoría de los colombianos.

Las elecciones legislativas del 8 de marzo son cruciales para consolidar el cambio político en Colombia.

No basta con ganar la presidencia; es necesario que el Pacto Histórico obtenga mayorías en el Congreso para poder implementar reformas profundas que beneficien a la mayoría y desmonten las estructuras neoliberales que han perpetuado la desigualdad.

Iván Cepeda y sus compañeros del movimiento han hecho un llamado a la ciudadanía para votar masivamente por el Pacto Histórico, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, y para inscribirse como testigos electorales que garanticen la transparencia del proceso.

También han habilitado canales para denunciar delitos electorales como compra de votos, fraude y violencia, con recompensas para quienes colaboren en combatir la corrupción.

Las manifestaciones públicas han evidenciado el rechazo popular hacia Álvaro Uribe y la derecha.

En eventos recientes, Uribe fue literalmente sacado a gritos y abucheos en ciudades como Barranquilla, reflejando el hartazgo de la ciudadanía frente a las mentiras, la desinformación y las políticas que han favorecido a una élite económica minoritaria.

Este despertar popular es una señal clara de que el pueblo colombiano está demandando dignidad, justicia social y un cambio real en las políticas públicas.

La campaña de desprestigio contra Iván Cepeda y el Pacto Histórico es una muestra más de la desesperación de una derecha que ha perdido terreno y que recurre a la mentira, la judicialización y la manipulación mediática para intentar frenar el avance del progresismo en Colombia.

Sin embargo, la verdad y los hechos están del lado de Cepeda y su movimiento.

La ciudadanía tiene en sus manos la responsabilidad de informarse con fuentes confiables, exigir transparencia y participar activamente en las elecciones del 8 de marzo para asegurar que el cambio continúe y que Colombia avance hacia una sociedad más justa, equitativa y democrática.