En Colombia, la preocupación por la transparencia electoral se ha intensificado tras las recientes denuncias del presidente Gustavo Petro, quien ha hecho públicas pruebas que evidencian un posible fraude electoral para las elecciones de 2026.

Estas denuncias involucran directamente al Registrador Nacional, Hernán Penagos, y al Procurador General, Gregorio El Hash, a quienes se acusa de ocultar información clave para garantizar la limpieza del proceso electoral.

El origen de estas denuncias se remonta a un fallo del Consejo de Estado en 2014 que anuló las elecciones al Senado por irregularidades en el software de preconteo.

En ese entonces, se ordenó que el software utilizado para contar los votos fuera desarrollado y manejado por el Estado, y no por empresas privadas.

Sin embargo, desde entonces, la empresa privada ASD, filial de Thomas and Greg and Sons, ha continuado manejando este software, siendo contratada para las elecciones de 2014, 2022 y ahora para las de 2026.

Petro señala que esta empresa opera un sistema ilegal que no permite la auditoría del código fuente, es decir, el conjunto de instrucciones que define cómo se procesan y suman los votos.

La negativa a entregar este código para una auditoría independiente genera sospechas fundadas de manipulación y fraude electoral.

El código fuente es fundamental en este contexto, pues es como la “receta” o los “planos” de un programa informático.

Permite entender con precisión cómo funciona el software, cómo procesa la información y si existen instrucciones ocultas o errores que puedan alterar los resultados electorales.

Por eso, la exigencia de Petro es clara: el código fuente debe ser entregado a expertos independientes, partidos políticos y veedores ciudadanos para su revisión exhaustiva, algo que hasta ahora ha sido negado por la Registraduría y el Procurador.

Además del fallo de 2014, existen testimonios y evidencias que denuncian irregularidades en las elecciones de 2022.

Una testigo presencial reveló que en Pereira, durante esa elección, cerca de 600 personas fueron contratadas para llenar formularios E14 con datos recibidos por llamadas telefónicas antes del cierre de las mesas de votación.

Estos formularios son esenciales para el preconteo de votos.

La instrucción era llenar las casillas con la información recibida y dejar en blanco las que sobraban, facilitando la manipulación de resultados en favor de candidatos como Iván Duque del Centro Democrático.

Según las denuncias, esta práctica fue promovida desde la misma Registraduría bajo órdenes de Hernán Penagos.

Ante esta situación, Petro y otros líderes políticos hacen un llamado urgente a la ciudadanía para inscribirse como testigos electorales antes del 1 de marzo, fecha límite para hacerlo.

Los testigos electorales son vitales para vigilar el proceso, evitar fraudes y asegurar que cada voto sea contado correctamente.

En las elecciones pasadas, el Pacto Histórico, coalición liderada por Petro, logró salvar 400,000 votos gracias a una red bien organizada de testigos, aunque aún se perdieron votos que podrían haber significado más curules en el Congreso.

Asimismo, se recomienda a los jurados de votación que no teman colocar una “X” o un asterisco en las casillas en blanco de los formularios E14 cuando no tengan datos claros.

No existe sanción legal por hacerlo y es una forma de proteger la transparencia del conteo.

Por el contrario, dejar casillas en blanco puede facilitar el fraude si se agregan votos falsos posteriormente.

Por ello, se insta a los jurados a actuar con responsabilidad y no dejarse intimidar por presiones de la Registraduría o la Procuraduría.

Recientemente, la prensa tradicional anunció una supuesta exposición del código fuente del software para las elecciones de 2026.

Sin embargo, Petro y sus seguidores advierten que esto es solo una trampa lingüística: exponer el código no es lo mismo que entregarlo para una auditoría completa y exhaustiva por expertos independientes.

La verdadera transparencia exige que el código sea auditado en su totalidad, no solo mostrar fragmentos o imágenes parciales que no permiten verificar su integridad y funcionamiento.

Estas denuncias se enmarcan en un contexto político donde la izquierda colombiana, representada por Petro y el Pacto Histórico, ha impulsado reformas sociales importantes como el aumento del salario mínimo, la reforma agraria y la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, también enfrenta una fuerte oposición de sectores tradicionales que podrían beneficiarse de un sistema electoral débil y vulnerable a fraudes.

Según Petro, el sistema electoral colombiano ha sido diseñado para permitir estas irregularidades y favorecer a la derecha política, por lo que la lucha por un sistema transparente es también una lucha por la justicia social y la consolidación democrática.

Para proteger el voto, la ciudadanía debe inscribirse como testigos electorales, denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 157 o el correo electrónico digin. [email protected], informarse y compartir información verificada, y votar masivamente y con conciencia, apoyando opciones políticas que promuevan la transparencia y la justicia social.

En conclusión, la filtración de pruebas por parte de Gustavo Petro sobre un posible fraude electoral ha encendido las alarmas sobre la integridad del sistema electoral colombiano.

Las denuncias contra la empresa privada ASD, la negativa a entregar el código fuente para auditoría y las evidencias de manipulación en elecciones anteriores exigen una respuesta clara y contundente de las autoridades.

La participación activa de la ciudadanía, especialmente mediante la inscripción como testigos electorales, es la mejor defensa para evitar que se repitan los errores del pasado y asegurar que cada voto cuente realmente.

En este momento crucial para la democracia colombiana, la transparencia y la vigilancia ciudadana son más necesarias que nunca.