Inés Gómez Mont fue una de las conductoras más famosas y queridas de la televisión mexicana, con una carrera brillante frente a las cámaras y millones de seguidores.

Sin embargo, detrás de su imagen pública de éxito y carisma, se escondía una historia oscura de corrupción y desfalco que ha conmocionado a México.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado cómo Inés y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, desviaron 3,000 millones de pesos destinados a prisiones federales, dejando a miles de internos sin medicinas ni servicios básicos mientras ellos disfrutaban de una vida de lujo y opulencia.

La mansión de Rolling Road en Pinecrest, Florida, es el símbolo perfecto de esta corrupción.

Comprada en 2021 por 6.3 millones de dólares con dinero robado, esta propiedad cuenta con 95 metros cuadrados de construcción, siete recámaras con baño privado, un home theater para 18 personas, alberca infinita, gimnasio, oficina, sala de juegos y acabados de lujo, incluyendo mármol italiano y madera de ingeniería.

Mientras Inés y Víctor vivían en esta mansión de ensueño, los presos mexicanos sufrían condiciones inhumanas, sin acceso a medicinas básicas ni alimentos adecuados.

El mantenimiento de la mansión es exorbitante, con impuestos prediales anuales de casi un millón de pesos mexicanos y gastos mensuales de jardinería, limpieza y seguridad privada que superan los 100,000 pesos.

A pesar de la captura de Víctor en 2025, Inés no se entregó y puso la mansión en venta por 9.1 millones de dólares, casi tres millones más de lo que pagaron originalmente.

El esquema de corrupción fue posible gracias a un complejo sistema de empresas fantasma y facturación falsa dirigido por Víctor Manuel Álvarez Puga, un abogado fiscalista que creó múltiples empresas sin empleados ni servicios reales, pero con registro legal para emitir facturas electrónicas.

Estas empresas ganaban contratos gubernamentales para proveer servicios a prisiones federales, pero nunca cumplían con los trabajos contratados.

El dinero, en lugar de ser utilizado para mejorar las condiciones de los internos, era transferido a cuentas bancarias controladas por la pareja y sus testaferros.

La Fiscalía documentó más de 10,000 operaciones bancarias simuladas para ocultar el rastro del dinero, que luego era dispersado entre múltiples cuentas, convertido en dólares y transferido a Estados Unidos.

Víctor e Inés incluso recibieron pagos directos a sus cuentas personales, evidenciando su participación directa en el desfalco.

En septiembre de 2021, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra Inés y Víctor por delincuencia organizada, defraudación fiscal y operación con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, la familia desapareció 48 horas antes de la ejecución de las órdenes y huyó a Miami, donde vivieron durante cuatro años como prófugos internacionales, disfrutando de una vida de lujo y tranquilidad.

Víctor fue capturado en 2025 en Miami en un operativo coordinado por autoridades estadounidenses, pero Inés sigue libre, vendiendo la mansión y contratando abogados para enfrentar la extradición.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con la investigación y busca confiscar los bienes adquiridos con el dinero robado.

Los 3,000 millones de pesos desviados equivalen al presupuesto anual de 15 prisiones federales mexicanas, fondos que podrían haber servido para construir hospitales penitenciarios, contratar médicos, comprar medicinas y mejorar las condiciones de vida de miles de internos.

En cambio, esos recursos alimentaron la opulencia de una familia que se enriqueció a costa del sufrimiento y la muerte de personas privadas de su libertad.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones infrahumanas en las prisiones, con hacinamiento, falta de agua potable, medicamentos y personal médico.

El robo de estos recursos ha tenido consecuencias directas y trágicas para la población penitenciaria.

La historia de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga es un ejemplo claro de cómo la corrupción puede permear las instituciones y afectar a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Mientras ellos disfrutaban de mansiones y autos de lujo, miles de presos mexicanos sufrían en condiciones deplorables.

Aunque la justicia avanza lentamente, la impunidad sigue siendo un problema grave en México.

La mansión de Miami y el portafolio inmobiliario valorado en más de 11 millones de dólares son símbolos de un sistema que permite que los corruptos vivan sin pagar por sus crímenes.

Este caso es un llamado a la sociedad para exigir transparencia, rendición de cuentas y un sistema judicial efectivo que garantice que los recursos públicos sean utilizados para el bienestar de todos y no para enriquecer a unos pocos.