En el panorama político colombiano actual, la polémica y las acusaciones cruzadas se han convertido en un escenario habitual.

Recientemente, un video difundido en YouTube por un medio alternativo ha puesto en el centro de la atención pública a la congresista Lina María Garrido, conocida coloquialmente como “la congresista gritona”.

En este material se revelan denuncias graves, aunque sin presentar pruebas contundentes, que vinculan a su esposo y a su padre con supuestos actos de corrupción y manejo irregular de recursos públicos.

Además, el video aborda otras figuras políticas y sus controversias, así como críticas a sectores de la derecha y la influencia extranjera en Colombia.

El punto de partida de la denuncia es un reportaje del medio “La Nueva Prensa” que señala al esposo de Lina María Garrido, Nelson Albey Tiradonosa, como presunto testaferro del padre de la congresista, Jesús Hernando Garrido Boscán.

Este último fue exsecretario de educación del departamento de Arauca y fue condenado por delitos relacionados con la administración pública, específicamente por irregularidades en contratos del sector educativo.

La acusación principal es que Jesús Hernando Garrido habría adquirido un apartamento de alto valor en Bogotá, ubicado en una zona residencial de gran valorización, con recursos de origen ilícito derivados de la contratación pública.

Según la denuncia, el esposo de Lina María sería el testaferro de esta propiedad, y se sugiere que la congresista misma residiría en dicho inmueble.

Aunque el medio que publicó la denuncia no presenta evidencias concretas, el silencio y la falta de respuesta por parte de Lina María Garrido han generado dudas y cuestionamientos en la opinión pública.

El video plantea la necesidad de que la congresista aclare estas acusaciones, dada la gravedad de las mismas y el impacto político que podrían tener, especialmente considerando que ella es una opositora declarada al presidente Gustavo Petro.

En paralelo a estas denuncias, el video expone un tuit de Lina María Garrido en el que acusa al senador Iván Cepeda, cercano al presidente Petro, de un supuesto fraude relacionado con la reposición de votos, un mecanismo legal que permite a los candidatos recuperar parte de los gastos de campaña según la cantidad de sufragios obtenidos.

Garrido sostiene que la izquierda, a través de figuras como Cepeda y otros miembros del Pacto Amplio, estaría cobrando la reposición de votos de manera fraudulenta, llegando a un monto de 20.

000 millones de pesos.

Sin embargo, el análisis presentado en el video desmiente esta teoría, explicando que la reposición de votos es un derecho que también beneficia a la derecha y que, en realidad, son los candidatos de derecha quienes más gastan en campañas, por lo que la reposición les resulta menos relevante.

Además, se señala que muchos candidatos de derecha sin posibilidades reales de ganar lanzan sus candidaturas precisamente para aprovechar este mecanismo y lucrarse con la reposición, algo que Garrido no cuestiona.

Se le invita públicamente a renunciar a su reposición de votos si realmente considera que es un acto de corrupción, para dar coherencia a sus acusaciones.

El video también destaca las fracturas internas en la derecha colombiana, ejemplificadas por la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático y sus denuncias de fraude en la elección de Paloma Valencia, candidata del mismo partido.

Asimismo, se mencionan conflictos públicos entre diferentes sectores de la derecha, como el Centro Democrático y Salvación Nacional, que evidencian una división profunda y una lucha interna por el control político.

Esta fragmentación se presenta como una oportunidad para que el progresismo y la izquierda consoliden su presencia en el Congreso, ampliando su representación y fortaleciendo su agenda política.

Además de las acusaciones contra Lina María Garrido, el video expone investigaciones periodísticas que involucran a otros políticos de relevancia:

– **Aníbal Gaviria**, precandidato presidencial, está siendo investigado por la compra irregular de tierras de origen valdío en Antioquia, que estaban destinadas a campesinos pobres, indígenas y víctimas del conflicto armado.

La ley prohíbe la venta de estos terrenos antes de 15 años desde su adjudicación, y la acumulación de tierras por encima de la unidad agraria familiar es ilegal.

Gaviria y sus hermanos habrían adquirido estas tierras en 1995, cuando aún no podían ser vendidas legalmente.

– **David Luna**, exsenador y precandidato presidencial, aparece mencionado en interceptaciones telefónicas relacionadas con una operación para enviar harina blanca a Australia y presuntas compras de votos para el partido Cambio Radical.

Además, su suegro, Augusto García, ha sido sancionado por irregularidades en contratos públicos relacionados con el dragado del río Magdalena.

Estas denuncias forman parte de un patrón de cuestionamientos a la integridad de varios políticos colombianos, que contrastan con la imagen pública que intentan proyectar.

El video también critica duramente a la periodista Vicky Dávila por sus declaraciones en las que propone que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, intervenga en Colombia para capturar a criminales y narcotraficantes, ofreciendo recompensas millonarias similares a las que se ofrecieron contra Nicolás Maduro.

Se califica esta propuesta como una “pendejada” y una muestra de ignorancia, argumentando que a Estados Unidos y a Trump no les interesa realmente acabar con el narcotráfico en Colombia, sino mantener el control económico y geopolítico de la región, especialmente frente al avance de China y el control de recursos en países vecinos como Venezuela.

Además, se denuncia que esta postura de buscar la intervención extranjera es una forma de deslegitimar las capacidades de la fuerza pública colombiana y de generar desconfianza global sobre el país.

El video también hace referencia a un debate organizado por el canal RCN, donde se cuestionó a los participantes sobre la cultura en Colombia de “querer todo gratis sin esfuerzo”.

Esta pregunta fue interpretada como un desprecio hacia la clase trabajadora, que a diario enfrenta largas jornadas laborales y múltiples sacrificios para sostener a sus familias.

Se critica la visión simplista y despectiva hacia los sectores populares, y se denuncia cómo ciertos medios y sectores de la derecha promueven estereotipos negativos sobre la pobreza y el trabajo.

En suma, el video presenta un panorama complejo y conflictivo de la política colombiana, marcado por denuncias de corrupción, acusaciones cruzadas, fracturas internas en la derecha y debates sobre el rumbo del país.

Se hace un llamado a la transparencia, especialmente a la congresista Lina María Garrido, para que responda públicamente a las acusaciones que pesan sobre su familia y su entorno.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a aprovechar la situación de división en la derecha para fortalecer la representación progresista en el Congreso, promoviendo una agenda de honestidad, trabajo por el pueblo y defensa de los derechos sociales.

Finalmente, se rechaza la idea de interferencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, enfatizando la capacidad del país para enfrentar sus propios desafíos y combatir la corrupción y el crimen desde dentro.