En el contexto de las próximas elecciones en Colombia, el presidente Gustavo Petro y el movimiento político Pacto Histórico han lanzado una fuerte alerta sobre la posible existencia de fraudes electorales relacionados con el software utilizado para el conteo de votos.

La denuncia se centra en la negativa de la Registraduría Nacional, a cargo del registrador Hernán Penagos, de permitir una auditoría independiente al código fuente del software que sistematiza los formularios E14, documentos oficiales donde se registran los votos de cada mesa electoral.

El software en cuestión pertenece a una empresa privada llamada Thomas Greg and Son, que desde 2007 tiene el monopolio tecnológico en la organización y el escrutinio de las elecciones en Colombia.

Esta empresa ha sido objeto de polémicas y denuncias en el pasado.

Por ejemplo, en Honduras, una filial llamada ASD fue señalada de manipular resultados electorales para favorecer a partidos de derecha, alterando el preconteo y cambiando el resultado inicial a favor del oficialismo.

En Colombia, el Pacto Histórico denuncia que en las elecciones pasadas de 2022 se perdieron 649,000 votos que fueron transferidos a otras fuerzas políticas de derecha, en un fraude que afectó directamente a esta fuerza política.

Además, se recuerda que en 2014 el partido Mira sufrió una situación similar con el mismo software.

El presidente Petro ha manifestado públicamente su preocupación porque no se ha permitido realizar una auditoría técnica independiente al software de preconteo, a pesar de que una sentencia del Consejo de Estado de 2018 ordena que el software electoral sea propiedad del Estado y auditable por expertos independientes para garantizar la transparencia y evitar fraudes.

El registrador Hernán Penagos y la Registraduría han desacatado esta orden, manteniendo la tercerización del proceso electoral en manos privadas y negando el acceso al código fuente del software.

Esta situación genera desconfianza y pone en riesgo la legitimidad del proceso electoral.

Ante esta situación, el Pacto Histórico ha puesto en marcha una estrategia para contrarrestar el riesgo de fraude, que consiste en la inscripción masiva de testigos electorales y abogados escrutadores que vigilen el proceso de escrutinio, especialmente en las comisiones escrutadoras que pueden reabrir mesas en caso de impugnaciones.

Hasta la fecha de la denuncia, el partido contaba con 45,000 testigos inscritos para vigilar 90,000 mesas de votación, lo que representa solo la mitad del número necesario.

Por ello, se ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía para inscribirse como testigos y abogados escrutadores antes del cierre del plazo, el 5 de marzo a las 11:59 pm.

En la entrevista con Mafe Carrascal, cabeza de lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, se explica que recientemente se aprobó la fusión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico, lo que fortalece la bancada y elimina el problema de la doble militancia, que había sido utilizada para presentar demandas y revocatorias contra candidaturas del Pacto.

Esta fusión representa un avance político importante para la fuerza progresista, que busca consolidar su representación en el Congreso y continuar con las transformaciones sociales y políticas iniciadas en el gobierno de Gustavo Petro.

Mafe Carrascal también denuncia que la campaña del Pacto Histórico ha enfrentado múltiples obstáculos legales y políticos, incluyendo demandas para tumbar listas de candidatos, impugnaciones individuales y maniobras para impedir el conteo de votos válidos.

Se menciona a Nicolás Farfán, exregistrador delegado, como una figura clave en estas acciones, lo que evidencia un sistema electoral con actores que actúan como juez y parte.

El Pacto Histórico sostiene que el sistema electoral y la institucionalidad colombiana están diseñados para favorecer intereses particulares y restringir derechos, en especial de las fuerzas progresistas que buscan cambios profundos.

Se señala la necesidad de reformar órganos como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y se plantea la posibilidad de una Asamblea Constituyente para repensar la democracia en Colombia.

Más allá de las denuncias, Mafe Carrascal destaca los logros legislativos del Pacto Histórico en materia laboral, social, ambiental y de derechos humanos, como la reforma laboral que mejora las condiciones de trabajo, la ley contra la violencia política, la protección de humedales y la lucha contra las corridas de toros.

El proyecto político se presenta como una alternativa que pone en el centro la vida y el cuidado, con un enfoque en la justicia social, la equidad de género y la defensa del medio ambiente.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía para que participe masivamente en las elecciones, ejerciendo el derecho al voto y acompañando el proceso como testigos para garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados.

Se enfatiza que sin mayoría en el Congreso será difícil avanzar en las reformas necesarias para el país.